En los tiempos más recientes, muchos acontecimientos relacionados con la contratación, ejecución, puesta en marcha y mantenimiento de las obras de infraestructura, obligan a la comunidad a preguntarse si acaso respecto a la Ley 80 de 1993, “Estatuto general de contratación de la administración pública”, se cumple aquello de que: ¿Hecha la Ley hecha la trampa? Es conveniente repasar algunas circunstancias recientes.
Respecto al desarrollo urbanístico se informó recientemente con relación a la Empresa de Desarrollo Urbano, la EDU, que “un juez tumbó reforma con la que la administración anterior hizo un festín” (¡¿?!). Quizás la comunidad no se había percatado que en dicha entidad “se reformó el manual de contratación y el límite de dinero para hacer un proceso de contratación POR INVITACIÓN PRIVADA pasó de 454 millones de pesos a un tope de 9.085 millones de pesos”. Claramente, de ahí viene el calificativo de “festín”.
Pero hay mucho más relacionado con el desarrollo urbanístico. Gracias a una laxitud populista y fríamente calculada de la administración local anterior, mediante toda clase de trucos y añagazas violando las limitaciones legales existentes, se permitió una nueva invasión al cerro de Moravia, y se iniciaron las invasiones para permitir nuevos asentamientos de usuarios engañados, en el parque Arví y en el cerro de Pan de Azúcar. Afortunadamente estos últimos desarrollos están siendo controlados por la administración local actual.
Desgraciadamente, pareció que un virus de deshonestidad había caído sobre la región, y fue así como en el Área Metropolitana también aconteció que dicha entidad “hizo contratos por más de 773.000 millones de pesos y de ellos el 96% fueron por CONTRATACIÓN DIRECTA”. Para la ejecución de tal “proeza”, se valieron de “contratos interadministrativos, por medio de los cuales les entregaba los recursos a empresas industriales y comerciales del Estado y, estas a su vez, contrataban con particulares SOSLAYANDO EN LA MAYORÍA de los casos, los principios de la contratación pública”. Con razón, resulta ahora que la nueva administración “no encuentra ni la plata ni los correos de la pasada administración”.
A todas estas, desanima la casi inexistente acción de los entes de control. Esto es motivo de una gran preocupación que, a su vez, debiera dar origen a una urgente reingeniería de la conformación y actuación de estos organismos. Lo que pasa es que con la administración nacional actual, este no parece ser el caso, y bastaría recordar que en el caso de las intervenciones de las EPS por parte de la superintendencia del ramo, que según trascendió, se basó en un “Informe de Contralor plagado de errores” o, por lo menos, calificado para mitigar la metida de pata, como “parcial”.
Aunque algunos problemas como los mencionados son locales, el tipo de circunstancias como las descritas se extienden a todo el ámbito nacional. Bastaría considerar el caso de los 40 o más carros tanques para mitigar la sed en la Guajira. Y para este territorio, se vuelve a preguntar. ¿Qué pasó con el proyecto de irrigación, suministro de agua y generación de energía del río Rancherías?
Es que los males de ahora, respecto de la contratación, vienen desde hace mucho y bastaría volver a recordar las gestiones del otrora alcalde de Bogotá, hoy mandatario nacional, respecto a la importación de los carros recolectores de basura y las motocicletas eléctricas, lo mismo que la operación de la “máquina tapahuecos”.
En cuanto a las vías 4g que atraviesan al Departamento de Antioquia, en la situación actual se ha presentado un conflicto que amenaza la inaplazable conclusión, dando cabida a incumplimientos contractuales. Al respecto, se trae a colación la frase del señor gobernador al afirmar que: “El Gobierno Nacional ni raja ni presta el hacha”, porque es preciso reconocer que el gobernador se quedó corto, puesto que dicho Gobierno Nacional, va mucho más lejos y, por razones de política populista y electorera, se dedica a sabotear y torpedear el desarrollo regional, para darle cabida a su proyecto de fraccionamiento del Departamento.
Finalmente, por ahora, hay que mencionar el caso de la planta de Aguas Claras, la PTAR de las EPM. Respecto a su operación trascendió que se vuelven a presentar los malos olores que han llegado afectar no solo la salud de los vecinos, sino que han devaluado considerablemente sus propiedades.
Durante el desarrollo del proyecto, surgieron numerosas denuncias de irregularidades que llegaron a concluir por parte de una reconocida concejal de la ciudad que se requería una “auditoría forense” del proyecto. No parece satisfactorio que ante estas circunstancias, las EPM manifiesten como factor de explicación, que: “existen factores contingentes que se salen de control”, en un proyecto que se desarrolló a todo costo y en donde se suponía que contaba con lo último en tecnologías acordes con el estado de la ciencia.